La airada reacción de las organizaciones de derechos humanos contra la medida de Obama no se hizo esperar. "Estamos profundamente decepcionados", afirmó Stacy Sullivan, de Human Rights Watch. "Llevamos mucho tiempo reclamando que los sospechosos de terrorismo sean juzgados en tribunales federales", recordó, y advirtió: "Al final no se logrará ninguna de las ventajas procesales para las que los tribunales militares fueron diseñados y encima se carga con todo el peso moral y político que conllevan estos tribunales". También el director de la American Civil Liberties Union, Anthony Romero, lamentó la decisión presidencial, calificando de "absurda" la esperanza de que las reformas en las comisiones militares vayan a mejorar las garantías de los reos. "Si los cambios propuestos por la adminis tración ajustan estos procedimientos con los requerimientos constitucionales, no hay motivo alguno para no usar nuestro probado y verdadero sistema judicial. Si no lo hacen, esos tribunales no tienen lugar alguno en nuestra democracia", consideró.
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"Guantánamo representa sólo la punta del iceberg"
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